Designación de más magistradas, una deuda histórica


 

De cara a los próximos nombramientos en los cargos de magistratura en las Salas I, III y Constitucional, la Coordinación de la Comisión de Género, la Secretaría Técnica de Género y el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia reiteran la urgente necesidad de que más mujeres sean consideradas para esos puestos y que la designación en los mismos esté basada en los atestados, la experiencia y la idoneidad de la persona candidata.

En no pocas ocasiones, cuando en los puestos a elegir, además de las razones técnicas median decisiones políticas, muchas mujeres desisten de participar pues son expuestas, sin que suceda necesariamente lo mismo con los varones, a una serie de cuestionamientos vinculados a su vida personal o a sus responsabilidades domésticas y de cuido cuando están casadas, unidas o son madres.

En consecuencia, aunque las concursantes demuestren reunir los requisitos que el puesto demanda, eso no es suficiente pues corren el riesgo de que se les cobre o se vean perjudicadas por situaciones que están fuera de su responsabilidad y que trascienden la esfera de los requerimientos técnicos, profesionales y de idoneidad que el cargo demanda.

 

Ha sido histórica la desigual designación de mujeres en los más altos cargos de nuestra sociedad y en el Poder Judicial no ha sido la excepción. Tuvieron que pasar 158 años desde su creación para que fuera designada la primera magistrada, en 1984, y desde entonces (35 años) solamente 13 (15%) mujeres fueron escogidas como titulares en las salas, frente a 63 hombres (85%) en el mismo periodo. La composición actual de la Corte, considerando solo a las 17 personas en propiedad, sigue estando conformada mayoritariamente por hombres: 12 (70.5%) frente a 5 (29%) mujeres. Ver estudio completo.

 

 

Los prejuicios, estereotipos y discriminaciones son razones que aún persisten en la falta de paridad laboral y sus manifestaciones son muchas. Frente a este panorama, es importante estar alerta y rechazar toda circunstancia que atente contra la designación de una mujer como magistrada de la Corte Suprema de Justicia especialmente si está motivada en circunstancias ajenas a su proceder o idoneidad para el puesto.