Comunicados

Con el compromiso de fortalecer el servicio y abordaje del Poder Judicial, en coordinación con otras instituciones, a las mujeres víctimas directas y a las personas menores y personas adultas mayores, quienes sufren las consecuencias de los delitos contenidos en la Ley de penalización de la Violencia contra las Mujeres (LPVcM), se instaló este miércoles una Comisión de Alto de Nivel con representación de instancias internas y externas al Poder Judicial.

La actividad tuvo lugar en la sala de sesiones de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia y contó con la participación de la Magistrada Carmenmaría Escoto Fernández, Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia y Coordinadora de la Comisión de Acceso a la Justicia;  la Magistrada  Doris Arias Madrigal,  Presidenta de la Sala de Casación Penal y Coordinadora de la Comisión de Género; Emilia Navas Aparicio, Fiscala General de la República;  Erick Núñez Rodríguez, Subdirector a.i. de  la Defensa Pública, en representación de la  Jefa de la Defensa Pública, Diana Montero Montero; Kattia Solís Arce, coordinadora a.i. del Área de Violencia de Género del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), en representación de la Presidenta Ejecutiva y Ministra de la Condición de la Mujer, Patricia Mora Castellanos; Alejandra Mora Mora, Directora de la Defensoría de la Mujer, de la Defensoría de los Habitantes y Andrea Muñoz Argüello, coordinadora de la Comisión de Género del Colegio de Abogadas y Abogados.

Además de las personas integrantes de esta Comisión, estuvieron presentes Mayra Campos Zúñiga, Fiscala Adjunta de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público; Xinia Fernández Vargas, jefa a.i. de la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia (STGAJ); Dixie Mendoza Chaves, coordinadora del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia; Angie Calderón Chaves y Carmen Díaz Rojas, profesionales de la Secretaría Técnica de Género;  Adina Castro García, del Área de Violencia de Género del INAMU; María Elena Gómez Cortes, Magistrada Suplente y coordinadora de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Penalización de la Violencia contra la Mujer del Poder Judicial, y Susana Araya Orozco, de la Unidad de Penalización de la Violencia contra las Mujeres de la Defensa Pública.

La conformación de esta Comisión fue aprobada de forma unánime el pasado 18 de junio, por la Corte Suprema de Justicia, a solicitud de la Comisión de Género y por iniciativa de las magistradas Arias Madrigal y Escoto Fernández, quienes resaltaron la necesidad de redoblar los esfuerzos para mejorar la aplicación de la LPVcM y disminuir a su vez los altos niveles de desestimaciones y sobreseimientos dictados por los juzgados penales.

En sus palabras de bienvenida, la magistrada Arias Madrigal enfatizó su gran preocupación por el aumento del número de llamadas al 911 por casos de violencia doméstica, que se ha evidenciado durante los partidos del campeonato mundial de fútbol, por los altos índices de desestimaciones registradas en los casos de aplicación de la LPVcM y agradeció sobremanera la anuencia de las distintas instancias a participar en este proceso de mejora.

En el mismo sentido, la magistrada Escoto Fernández alabó la disposición de las personas integrantes de la Comisión de renovar y coadyuvar este compromiso por las mujeres de las distintas poblaciones en condición de vulnerabilidad y de las personas menores de edad y adultas mayores que también sufren las secuelas de este tipo de violencia.

Las presentaciones sobre el estado de situación estuvieron a cargo de Xinia Fernández Vargas, jefa a.i. de la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia (STGAJ) y María Elena Gómez Cortes, coordinadora de la Comisión de la Comisión de Seguimiento para la Prevención de la Ley de Penalización de la Violencia contra la Mujer.

La Fiscala General Emilia Navas resaltó que el tema de la violencia contra las mujeres es un tema prioritario en el Ministerio Público y que esto ha quedado de manifiesto por distintas acciones; entre ellas mencionó el lanzamiento de una campaña contra la violencia de género, la emisión de circulares con instrucciones específicas sobre cómo abordar los casos de la LPVcM y distintas giras en el país reforzando conceptos.

En su condición de directora de la Defensoría de la Mujer de la Defensoría de los Habitantes y desde su experiencia como ex ministra de la Condición de la Mujer, Alejandra Mora Mora destacó la necesidad de abordar el problema de la aplicación de la LPVcM en dos niveles: desde lo puntual, considerando las características de los delitos que se cometen y las sanciones que desean las mujeres que son víctimas de ellos, y desde las condiciones estructurales que deben vencerse en la sociedad costarricense, tales como la subvaloración de las mujeres y las problemáticas que les afectan, la  resistencia que existe en el país para entender que estamos hablando de derechos humanos y la importancia de que se defina, de una vez por todas, a quien le corresponde asesorar y darle acompañamiento a las víctimas en un proceso penal.

Por su parte, el subdirector de la Defensa Pública, Erick Núñez se refirió a la participación que ha tenido la Defensa Pública desde la prevención y la resocialización, apostando por el reforzamiento de programas que promueven nuevas masculinidades; en tanto que la coordinadora del área de violencia del INAMU, Kattia Solís, felicitó la creación de esta Comisión como expresión de la importancia de abordar la violencia contra las mujeres de manera a partir de un trabajo  interinstitucional, al mismo tiempo que aplaudió la ampliación y fortalecimiento de los Comités Locales para la atención inmediata y el seguimiento de casos de alto riesgo por violencia contra las mujeres (CLAIS).

La coordinadora de la Comisión de Género del Colegio de Abogadas y abogados, Andrea Muñoz Argüello, agradeció la invitación a formar parte de esta instancia y se puso a las órdenes para colaborar tanto desde la Comisión como del Colegio en lo que fuera necesario para avanzar en la atención de esta problemática.

La actividad concluyó con la aprobación de una Declaración conjunta de principios y compromisos, la cual puede ser leída por completo  AQUÍ, en este enlace.