Comunicados

La Comisión de Género manifiesta la urgente necesidad de que la designación en la plaza vacante para el puesto de Magistratura de la Sala Constitucional recaiga en una de las candidatas postuladas y entrevistadas por la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, quienes han demostrado contar con los atestados, la experiencia y la idoneidad requeridos.

El cargo actual que se quiere nombrar fue ocupado hasta diciembre pasado, por una mujer. El nombramiento de un hombre en un espacio que ya había sido asignado a las mujeres y que permitió la progresividad en el efectivo ejercicio de los Derechos Humanos de las mismas, sin duda alguna, implicaría un serio retroceso en la obligación del Estado costarricense de garantizar el avance hacia la paridad de género, en este caso en la conformación de la Corte Suprema de Justicia y de cada una de las Salas que la conforman. Lo anterior generó un punto de equilibrio que garantizaba, la incorporación de las opiniones, de las mujeres profesionales en Derecho, que ocuparon estos cargos, en los asuntos tramitados en todas las Salas de la Corte Suprema de Justicia.

La necesidad de la visión de mujeres como magistradas en la Sala Constitucional es innegable, especialmente en razón de las competencias de este órgano; su presencia es fundamental para la incorporación de la perspectiva de género, como metodología de análisis.

La composición actual de la Corte, considerando solo a las 20 personas que ocupan el cargo en propiedad, (son 22 magistraturas, pero hay una vacante en la Sala Constitucional y otra en la Sala Primera), está conformada, mayoritariamente, por hombres: 13 (65%) frente a 7 (35%) mujeres.

Los prejuicios, estereotipos y discriminaciones son razones que aún persisten en la falta de paridad en todos los espacios tanto públicos como privados y sus manifestaciones son múltiples y diversas. 

La discriminación que han sufrido las mujeres en todos los campos del quehacer humano se evidencia, con toda claridad, en la desigual designación en los más altos cargos tanto en la esfera pública como privada, y la Corte Suprema de Justicia no ha sido la excepción.

Pasaron 158 años desde su creación hasta que se designó, en 1984, la primera magistrada y a agosto de 2018 (34 años), solamente 12 (15%) mujeres fueron nombradas como titulares frente a 61 hombres (85%) en el mismo periodo, según dejó en evidencia un estudio publicado por la Revista Judicial en junio 2019.

Las medidas afirmativas promovidas en instrumentos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), suscrita por Costa Rica en 1984, tienen como finalidad acelerar la participación en condiciones de igualdad de la mujer en el ámbito político, económico, social, cultural y civil, o en cualquier otro ámbito; es decir abrir la oportunidad para que más mujeres sean designadas en todos los puestos. Usar como argumento un criterio que fue construido expresamente para acelerar la mejora de la situación de las mujeres para beneficiar a un hombre, resulta inaceptable y atenta de forma grosera contra el espíritu de la norma; súmese a eso que hay muchas mujeres con demostrada capacidad para ostentar el cargo en disputa.

Al término de esta Legislatura, con una Asamblea Legislativa con el mayor número de mujeres electas como Diputadas, se insta, de la manera más respetuosa a sus integrantes para que, en lugar de retroceder, den un paso más hacia la paridad de género en la Corte Suprema de Justicia, en cumplimiento de las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos.

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Este comunicado fue emitido por la Comisión de Género del Poder Judicial. Aprobado por mayoría, con dos abstenciones.

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