Oficinas y Programas

Las PISAV son un conjunto de acciones y medidas interdisciplinarias que aborda de manera integral la atención, protección y seguimiento a las víctimas. Fueron creadas para ofrecer a las víctimas de delitos, particularmente de delitos sexuales y violencia doméstica, un único lugar donde puede recibir servicios de acuerdo a sus necesidades: juzgado contra la violencia doméstica, de pensiones alimentarias, profesionales en Trabajo Social y Psicología del Departamento del mismo nombre y de la Oficina de Atención y Protección a Víctimas del Delito, consultorio de Medicina Legal, Fiscalía, Defensa Pública y la Defensoría Social del Colegio de abogadas y abogados. Están ubicadas en Pavas, La Unión de Tres Ríos, San Joaquín de Heredia y Siquirres de Limón. Más información aquí.

Los CLAIS son una iniciativa regional que se enfoca en la prevención de la violencia contra las mujeres, la trata y el femicidio en Centroamérica. En Costa Rica, el Poder Judicial integra una Comisión intergubernamental que coordina todo lo vinculado a esos comités, junto con el INAMU y los Ministerios de Justicia, Gobernación y Seguridad Pública. El proyecto de desarrolla en: La Cruz, Upala, Santa Cruz, Alajuelita, Desamparados, Puntarenas centro, Coto Brus, Limón centro, Turrialba y Heredia centro.

A partir de la aprobación de la Ley contra la violencia doméstica en 1996, el Poder Judicial se abocó a la creación de Juzgados especializados en la materia que permitieran una atención más personalizada a las víctimas, con personal capacitado, especialmente juezas y jueces, quienes, además de la Ley, conocieran las características de las relaciones de violencia y ofrecieran a las personas usuarias de esos juzgados (mayoritariamente mujeres) una atención que responda a sus características y necesidades.

Las Cámaras de Gesell son salas que cuentan con un vidrio especial que las divide internamente y que le permite al personal judicial observar a la persona entrevistada sin ser visto. Su objetivo fundamental es evitar la revictimización y las múltiples entrevistas a la persona afectada y para ello se aprobó un protocolo especial.  Esto permite la grabación en audio y video de procedimientos judiciales donde han sido afectadas personas mayores o menores de edad víctimas o testigos de delitos sexuales o violencia doméstica. En el Poder Judicial hay 15 Cámaras de Gesell instaladas en diferentes lugares del país y hay un grupo de trabajo liderado por la Secretaría de Género que le da seguimiento a su uso.

Este proceso inició con la contratación de una consultoría que identificó los obstáculos que enfrentaban las usuarias en esos juzgados.  Luego, en el 2008, se hicieron los primeros cambios en el Juzgado de pensiones de Alajuela y su modelo se replicó en el resto de los juzgados en mención.  Los cambios implicaron la disminución de los tiempos de respuesta, la definición de un proceso de trabajo oral-electrónico, la participación de la Defensa Pública como representantes de las personas que  solicitaban una pensión alimentaria, el impulso a la conciliación como mecanismo para llegar a acuerdos entre partes y el establecimiento de espacios de juego para niñas y niños.

La Oficina de Atención y Protección a Víctimas del delito desarrolla desde el 2014 un espacio de apoyo que consta de veinte sesiones de trabajo dirigido a hombres denunciados por alguno de los delitos contemplados en la Ley de Penalización de la violencia contra las mujeres. El proyecto fue definido y está a cargo  de un profesional en trabajo social y un profesional en psicología de dicha Oficina.

Lorem ipsum dolor sit aEn 2013, la magistrada Zarela Villanueva Monge, presidenta de la Corte Suprema de Justicia costarricense, propuso a la Asamblea plenaria de la Cumbre Judicial Iberoamericana, instancia que reúne a presidentas y presidentes de Cortes de esa región, la conformación de una Comisión permanente de Género y acceso a la justicia que abordara esa temática en todas las instancias que conforman dicho órgano y en los proyectos que impulsa. La propuesta fue aprobada y consta en la Declaración de Chile que corresponde a la edición XVII, punto 13. La Magistrada Villanueva ocupa la presidencia de esa Comisión por el periodo 2014-2016 y la Secretaría Técnica está a cargo de la Secretaría de Género institucional.

El objetivo de este modelo de trabajo es contribuir en el mejoramiento de la atención integral multidisciplinaría a víctimas de delitos sexuales, mediante la ejecución de acciones y diseño de un protocolo especial que mejora la respuesta del Poder Judicial y de la Caja Costarricense del Seguro Social durante las siguientes 72 horas después de ocurrido el evento; y que promueve el derecho de las víctimas de recibir servicios ágiles y efectivos que respondan a sus características y necesidades. Este modelo de trabajo es liderado por la Secretaría Técnica de Género.

Descargue lo siguiente:

Descargue aquí documento informativo del programa.

Instrucción de trabajo temporal por motivo de pandemia Marzo 2020 para los casos que son atendidos mediante el Programa ERRVV

Diagramación de los procesos de ERRVV

Durante varios años, la Secretaría Técnica de Género, con el apoyo económico del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) ha desarrollado una serie de actividades informativas en distintas provincias respecto a los derechos de las víctimas de  delitos sexuales y violencia doméstica  y los servicios y programas con que cuenta  el Poder Judicial para atender esas situaciones. Participaron en ellas integrantes de organizaciones no gubernamentales, vecinas y vecinos, personal de distintas instituciones públicas, incluyendo el Poder Judicial.

La Secretaría Técnica de Género ha venido trabajando con la Sección de estadísticas de la Dirección de Planificación, la inclusión de variables que permitan contar con información respecto a las características sociodemográficas que tienen las personas usuarias, a efecto de tomar las decisiones correspondientes para definir políticas y acciones institucionales de acuerdo a cada una de las poblaciones.