Comunicados

*Participación se da por invitación de dicha Comisión.

La magistrada Roxana Chacón Artavia, coordinadora de la Comisión de Género del Poder Judicial y la jefa de la Secretaría Técnica de Género, Jeannette Arias Meza, atendieron las consultas sobre  el estado de los procesos por delitos sexuales en contra de niñas, adolescentes y mujeres, así como de los casos asociados con la Ley de Penalización de Violencia contras las Mujeres que conoce el sistema judicial en una audiencia ante Comisión Permanente Especial de la Mujer de la Asamblea Legislativa, el pasado 20 de julio.

Durante el encuentro, la magistrada Roxana Chacón hizo una exposición de los datos estadísticos y el estado de la situación de los casos relacionados con delitos sexuales en contra de niñas, adolescentes y mujeres, así como de los casos asociados con la Ley de Penalización de Violencia contras las Mujeres que conoce el sistema judicial.

Chacón Artavia aprovechó el espacio para plantear una serie de propuestas, con el fin de mejorar la atención de quienes sufren estos delitos, entre las que destacan el impulso de una representación legal a víctimas de delitos sexuales y delitos tipificados en la Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres, con la creación de un programa con abogadas y abogados que representen a la víctima durante todo el proceso, para querellar cuando sea necesario y ejercer todo todos los recursos pertinentes.

También, se refirió a la necesidad de reformar la ley procesal penal, en aspectos como el anticipo jurisdiccional de la prueba y la no procedencia de la abstención en caso de parentesco, cuando las víctimas sean menores de edad, aspecto tutelado en el artículo 36 de la Constitución Política.

Por otra parte, la magistrada de la Sala Segunda de la Corte, señaló la importancia de la institucionalización legal del Protocolo de las 72 horas y los Equipos de Respuesta Rápida para la Atención Integral a Víctimas de Delitos Sexuales (ERRVV), brindando así una protección a nivel legal, dándole completa sostenibilidad, permanencia, y obligatoriedad de las instituciones de aplicarlo y de participar en las instancias de coordinación, en su actualización periódica, capacitación sostenible y permanente e implementación de campañas informativas a la población, sobre prevención, divulgación de servicios y derechos. 

En las propuestas, se planteó adicionalmente la posibilidad de otorgar protección y monitoreo con dispositivos electrónicos con geolocalización, tanto para las personas agresoras como para las víctimas.

Finalmente, se propone la creación de una base de datos interinstitucional, para una valoración del riesgo de manera más eficiente, objetiva y compartida por todas las áreas e instituciones intervinientes, con diferentes niveles de acceso dependiendo de las funciones legales y constitucionales, con el fin de disminuir el riesgo de femicidios; y además, el establecimiento de un “Programa de Resocialización y Rehabilitación para Agresores”, el cual se desarrolle en los centros penales a personas sentenciadas y durante el proceso penal como medida cautelar.

La audiencia se desarrolló en las instalaciones del edificio de la Asamblea Legislativa.

Redacción: Departamento de Prensa y Comunicación del Poder Judicial.