Entre 2014 y 2016, 21.238 personas acudieron a los tribunales de justicia a denunciar lo que popularmente se conoce como “acoso callejero” o “acoso sexual en espacios públicos”.

Fueron más de veintiuna mil personas, la mayoría de ellas mujeres, que se cansaron de tolerar esas conductas cotidianas, con connotación sexual explícita o implícita, provenientes de un desconocido, que ocurren en espacios públicos y provocan malestar físico y emocional en la persona víctima acosada.

Con su denuncia, desafiaron, valientemente, una práctica cultural de agresión con la que han crecido todas las mujeres y acudieron al sistema judicial.

Es una cifra preocupante, pero no se acerca, ni remotamente, a la realidad de los cientos de miles de mujeres que, desde la pubertad, han estado expuestas a este tipo de violencia de género en el país. Seis de cada 10 mujeres mayores de 18 años, fueron acosadas sexualmente en un espacio público; cifra que casi duplica la de hombres (3 de cada 10), según la más reciente encuesta de Actualidades de 2015, realizada por la Escuela de Estadísticas de la Universidad de Costa Rica. El problema del acoso callejero afecta a todos, a las mujeres y a los hombres.

 Las cifras son tan graves como los casos que a menudo nos dan a conocer los medios de comunicación tradicionales o las propias víctimas en sus denuncias o por medio de las redes sociales: una adolescente a la que un hombre roza con sus genitales mientras viaja en el bus, otra joven acosada por un taxista con palabras y gestos vulgares y otra que es grabada por debajo de la falda mientras camina por el centro de San José, para citar sólo algunos ejemplos.

Sin lugar a dudas, la frecuencia y la gravedad de los casos de “acoso sexual en espacios públicos”, es una situación que debe preocupar y llevar a todas las instituciones, públicas y privadas, vinculadas a esta materia, a buscar soluciones integrales y duraderas, cada una desde la esfera de su competencia.

En el Poder Judicial, además de tener voluntad para concertar alianzas que enfrenten este tipo de violencias, tenemos muy claro que nuestra meta principal debe ser ante todo evitar que las denuncias de las personas acosadas queden impunes.

Instrucciones claras y capacitación. Para atender de manera efectiva las denuncias de las personas víctimas de “acoso sexual callejero”, en el último año, el Poder Judicial puso en marcha un plan urgente centrado, fundamentalmente, en sensibilizar y dar instrucciones claras y precisas a juezas, jueces y personal auxiliar de los Juzgados Contravencionales y al personal auxiliar de esos juzgados sobre cómo debían tramitarse tales denuncias. 

Como parte de estas medidas, a petición de la suscrita y la Comisión de Género, el Consejo Superior, autoridad administrativa del Poder Judicial, dio la directriz para que cuando una persona se presente a denunciar “acoso sexual callejero”, aun cuando no existe una norma penal bajo tal nombre, se le tome la denuncia con el mayor detalle y se le ofrezca toda la información necesaria para darle el trámite legal procedente, por cuanto las conductas sancionadas en el artículo 392 del Código Penal, referentes a las contravenciones de palabras o actos obscenos, proposiciones irrespetuosas, tocamientos, exhibicionismo o miradas indiscretas, pueden ser constitutivas de acoso sexual callejero. También están otros tipos penales específicos relacionados con la fabricación, producción o reproducción de pornografía o la propagación de imágenes. 

Además, la Escuela Judicial desarrolló un programa de capacitación sostenido dirigido juezas y jueces contravencionales y personal auxiliar con miras a lograr una mayor sensibilización, y una mejora en los procesos judiciales que redunde, a su vez, en un mayor acceso a la justicia de las víctimas. En él, se identificaron los tipos penales a los que se adecua el acoso callejero, creando un instrumento para identificación de esta violencia estructural y las nuevas formas de comisión de delitos a través de las tecnologías de la información.

Durante 2016 y en lo que va de 2017, 158 personas funcionarias del Poder Judicial (95 mujeres y 63 hombres) han participado en talleres impartidos por la Escuela Judicial, bajo el nombre “Taller sobre Acoso Sexual en Espacios Públicos”. Su propósito general es concienciar a las personas funcionarias judiciales sobre este tipo de agresión producida en lugares públicos, como calles y aceras o en lugares privados de acceso público, como estadios, centros comerciales, bares y restaurantes, medios de transporte público, entre otros.

Desde la Secretaría Técnica de Género, también se han emprendido acciones de sensibilización para todo el personal judicial mediante campañas informativas y elaboración de afiches distribuidos en todos los juzgados contravencionales del país, de recomendaciones a los juzgados para incluir en sus planes de trabajo anuales acciones referidas a éste tema y de coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública, en razón de que la policía es el primer recurso con que cuenta la víctima de éstas conductas y su apoyo es muy relevante para levantar el parte policial e identificar al posible agresor .

Otras acciones pendientes. Además de las capacitaciones al personal judicial, desde la Comisión de Género y la Secretaría Técnica de Género se está trabajando en la elaboración de propuestas tendientes a la depuración de las estadísticas y registros judiciales sobre esta materia, generando indicadores que permitan medir y proponer una estrategia judicial que dé respuesta asertiva y pronta a las víctimas de este tipo de violencia.

La colaboración público-privada también es una exigencia en este momento. Debemos llegar a acuerdos para la elaboración y ejecución de protocolos de actuación interinstitucional e intersectorial que clarifiquen las acciones y pasos a seguir cuando la víctima requiera ayuda inmediata, para que pueda denunciar y obtener realmente la tutela a sus derechos.

 Todas las acciones esbozadas y muchas otras más, incluyendo la aprobación de una norma específica sobre el acoso sexual en los espacios públicos, son necesarias para que el país pueda, de una vez por todas, abordar una problemática que implica para todos y en especial para las mujeres, una limitación a su derecho a transitar libremente por las calles en razón de los riesgos que esto implica.