Corte Plena analizará viabilidad de plan piloto para representación legal de víctimas de delitos sexuales

Publicado el 23 Agosto, 2021 1:39 pm

Establecer mediante un criterio técnico, los requerimientos en recursos humanos y financieros para un plan piloto que tendrá como objetivo dar representación legal a víctimas de delitos sexuales y violencia doméstica en los procesos penales, es lo que aprobó Corte Plena en su sesión de este lunes 16 de agosto de 2021.

La decisión se toma luego de la solicitud realizada por la magistrada Roxana Chacón Artavia, coordinadora de la Comisión de Género, basada en el informe estadístico presentado por la Licda. Jeannette Arias Meza, jefa de la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial. 

El estudio técnico estará a cargo de la Dirección de Planificación, para que establezca los insumos humanos y financieros que demandaría el plan piloto propuesto y la definición de la provincia en la que se podría poner en práctica.

“Las altas estadísticas judiciales respecto a sobreseimientos y desestimaciones en los que terminan la mayoría de los procesos penales sobre delitos sexuales  y violencia doméstica, en donde más del 70% las víctimas son mujeres, adolescentes y niñas, nos preocupan y nos ocupa en buscar mecanismos para darles garantía de una justicia pronta y cumplida.  Queremos hacer un cambio que impacte los plazos y el tipo de resolución”, afirmó Chacón Artavia.

La primera parte de este trabajo y que llevó a la propuesta aprobada por Corte Plena, comprendió el análisis de las estadísticas judiciales en materia de delitos sexuales y de los casos en aplicación de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, en cumplimiento a un fallo de la Sala Constitucional a favor de una víctima menor de edad, quien cuestionó la duración del proceso penal y en el que se estableció la recomendación de emprender un estudio sobre el estado y los plazos en la tramitación de estos procesos penales.

Según detalló la magistrada Chacón Artavia en la sesión de Corte, desde el año anterior, se abrieron espacios de análisis con las instancias judiciales a cargo de la tramitación de estos delitos, como el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Género y la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito,  el Departamento de Trabajo Social y Psicología, el Organismo de Investigación Judicial e instancias externas como el INAMU, el PANI y la CCSS, para mejorar el abordaje integral de las personas víctimas.

 Por su parte, la Jefa de la Secretaría Técnica de Género, Jeannette Arias Meza, expuso los resultados obtenidos por el Subproceso de Estadísticas de la Dirección de Planificación del Poder Judicial, que revelaron altos porcentajes de terminación de los procesos por sobreseimientos y desestimaciones. (Descargar presentación).

 “Algunos de los nudos críticos que podrían estar dando pie a estos niveles de motivos de terminación de estos procesos, son la mayor necesidad de capacitación sostenible y permanente con cobertura a todo el personal que atiende los delitos en temas como la erradicación de los patrones culturales y estereotipos sexistas; así como mejoras en las técnicas de investigación. Además, no existe una representación legal gratuita para las víctimas, que no cuentan con recursos económicos ni sus familiares, de manera que puedan ejercer el derecho de querellar, pero también para ejercer todas las acciones recursivas correspondientes”, explicó Arias Meza.

 Estadísticas

En el año anterior, un total de 9443 delitos sexuales se denunciaron en instancias judiciales, con una mayor incidencia de abusos sexuales contra persona menor de edad (3404 casos), relaciones sexuales con personal menor de edad (2865 casos), violación (1707 casos) y abuso sexual contra persona mayor de edad (702 casos). En cuyos procesos, el 71% corresponde a víctimas mujeres.

Un total de 8476 casos llegaron a instancia de juzgado penal, de las cuales solo en 1478 se ordenó apertura a juicio (17,44%); 5204 asuntos recibieron una desestimación (61,40%) y en 963 asuntos se ordenó un sobreseimiento (11,36%).

 Solo en el 2020, se registraron un total de 20 747 asuntos ingresados por concepto de delitos de la Ley de Penalización de la Violencia contra la Mujer en juzgados penales.  La provincia con mayor incidencia es San José con un 26% de los asuntos registrados.  Del total, solo 1664 casos llegaron con apertura a juicio (9,48%), en 12068 asuntos se ordenó una desestimación (68,76% ) y 2692 registraron un sobreseimiento (15,34%).

 

 Redacción: Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional, Poder Judicial