Noticias de interés

00305-2015 Tribunal de Familia, Violencia Doméstica. Procede el dictado de medidas de protección tras comprobarse tolerancia del marido sobre control emocional que ejercía la suegra sobre su pareja. Texto completo.

00065-2019, Tribunal Agrario. Acto discriminatorio a mujer rural propietaria de parcela al no notificársele personalmente, sino por medio de su cónyuge,el inicio del procedimiento administrativo. Texto completo.

00070-2019 Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal Juvenil, II Circuito Judicial de San José. La sentencia analiza como el trabajo doméstico no remunerado puede ser considerado un medio de cumplimiento de la orden de estudiar o trabajar, esto en el caso de una joven sentenciada, madre de tres hijos a quienes atiende a tiempo completo. Texto completo.

Entre 2014 y 2016, 21.238 personas acudieron a los tribunales de justicia a denunciar lo que popularmente se conoce como “acoso callejero” o “acoso sexual en espacios públicos”.

Fueron más de veintiuna mil personas, la mayoría de ellas mujeres, que se cansaron de tolerar esas conductas cotidianas, con connotación sexual explícita o implícita, provenientes de un desconocido, que ocurren en espacios públicos y provocan malestar físico y emocional en la persona víctima acosada.

Con su denuncia, desafiaron, valientemente, una práctica cultural de agresión con la que han crecido todas las mujeres y acudieron al sistema judicial.

Es una cifra preocupante, pero no se acerca, ni remotamente, a la realidad de los cientos de miles de mujeres que, desde la pubertad, han estado expuestas a este tipo de violencia de género en el país. Seis de cada 10 mujeres mayores de 18 años, fueron acosadas sexualmente en un espacio público; cifra que casi duplica la de hombres (3 de cada 10), según la más reciente encuesta de Actualidades de 2015, realizada por la Escuela de Estadísticas de la Universidad de Costa Rica. El problema del acoso callejero afecta a todos, a las mujeres y a los hombres.

 Las cifras son tan graves como los casos que a menudo nos dan a conocer los medios de comunicación tradicionales o las propias víctimas en sus denuncias o por medio de las redes sociales: una adolescente a la que un hombre roza con sus genitales mientras viaja en el bus, otra joven acosada por un taxista con palabras y gestos vulgares y otra que es grabada por debajo de la falda mientras camina por el centro de San José, para citar sólo algunos ejemplos.

Sin lugar a dudas, la frecuencia y la gravedad de los casos de “acoso sexual en espacios públicos”, es una situación que debe preocupar y llevar a todas las instituciones, públicas y privadas, vinculadas a esta materia, a buscar soluciones integrales y duraderas, cada una desde la esfera de su competencia.

En el Poder Judicial, además de tener voluntad para concertar alianzas que enfrenten este tipo de violencias, tenemos muy claro que nuestra meta principal debe ser ante todo evitar que las denuncias de las personas acosadas queden impunes.

Instrucciones claras y capacitación. Para atender de manera efectiva las denuncias de las personas víctimas de “acoso sexual callejero”, en el último año, el Poder Judicial puso en marcha un plan urgente centrado, fundamentalmente, en sensibilizar y dar instrucciones claras y precisas a juezas, jueces y personal auxiliar de los Juzgados Contravencionales y al personal auxiliar de esos juzgados sobre cómo debían tramitarse tales denuncias. 

Como parte de estas medidas, a petición de la suscrita y la Comisión de Género, el Consejo Superior, autoridad administrativa del Poder Judicial, dio la directriz para que cuando una persona se presente a denunciar “acoso sexual callejero”, aun cuando no existe una norma penal bajo tal nombre, se le tome la denuncia con el mayor detalle y se le ofrezca toda la información necesaria para darle el trámite legal procedente, por cuanto las conductas sancionadas en el artículo 392 del Código Penal, referentes a las contravenciones de palabras o actos obscenos, proposiciones irrespetuosas, tocamientos, exhibicionismo o miradas indiscretas, pueden ser constitutivas de acoso sexual callejero. También están otros tipos penales específicos relacionados con la fabricación, producción o reproducción de pornografía o la propagación de imágenes. 

Además, la Escuela Judicial desarrolló un programa de capacitación sostenido dirigido juezas y jueces contravencionales y personal auxiliar con miras a lograr una mayor sensibilización, y una mejora en los procesos judiciales que redunde, a su vez, en un mayor acceso a la justicia de las víctimas. En él, se identificaron los tipos penales a los que se adecua el acoso callejero, creando un instrumento para identificación de esta violencia estructural y las nuevas formas de comisión de delitos a través de las tecnologías de la información.

Durante 2016 y en lo que va de 2017, 158 personas funcionarias del Poder Judicial (95 mujeres y 63 hombres) han participado en talleres impartidos por la Escuela Judicial, bajo el nombre “Taller sobre Acoso Sexual en Espacios Públicos”. Su propósito general es concienciar a las personas funcionarias judiciales sobre este tipo de agresión producida en lugares públicos, como calles y aceras o en lugares privados de acceso público, como estadios, centros comerciales, bares y restaurantes, medios de transporte público, entre otros.

Desde la Secretaría Técnica de Género, también se han emprendido acciones de sensibilización para todo el personal judicial mediante campañas informativas y elaboración de afiches distribuidos en todos los juzgados contravencionales del país, de recomendaciones a los juzgados para incluir en sus planes de trabajo anuales acciones referidas a éste tema y de coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública, en razón de que la policía es el primer recurso con que cuenta la víctima de éstas conductas y su apoyo es muy relevante para levantar el parte policial e identificar al posible agresor .

Otras acciones pendientes. Además de las capacitaciones al personal judicial, desde la Comisión de Género y la Secretaría Técnica de Género se está trabajando en la elaboración de propuestas tendientes a la depuración de las estadísticas y registros judiciales sobre esta materia, generando indicadores que permitan medir y proponer una estrategia judicial que dé respuesta asertiva y pronta a las víctimas de este tipo de violencia.

La colaboración público-privada también es una exigencia en este momento. Debemos llegar a acuerdos para la elaboración y ejecución de protocolos de actuación interinstitucional e intersectorial que clarifiquen las acciones y pasos a seguir cuando la víctima requiera ayuda inmediata, para que pueda denunciar y obtener realmente la tutela a sus derechos.

 Todas las acciones esbozadas y muchas otras más, incluyendo la aprobación de una norma específica sobre el acoso sexual en los espacios públicos, son necesarias para que el país pueda, de una vez por todas, abordar una problemática que implica para todos y en especial para las mujeres, una limitación a su derecho a transitar libremente por las calles en razón de los riesgos que esto implica.

Primero que todo, quiero darle las gracias al grupo organizador por invitarme y por haber hecho parte a la Escuela Judicial de este esfuerzo en favor de las mujeres.

Y digo en favor de las mujeres, porque la campaña que tan acertadamente está impulsando el Ministerio Público, está dirigida a una población históricamente vulnerable, dado la sociedad androcentrista en que nos ha tocado nacer, vivir y convivir. Estamos conscientes de que la violencia doméstica no es un mal exclusivo de las mujeres, que también hay hombres que sufren de violencia doméstica. Pero estadísticamente está demostrado que afecta más a mujeres que a hombres y de ahí que me parece correcto que la campaña se dirija a esta población.

A veces pensamos que ya se ha hecho suficiente en un país con tradición democrática en materia de Derechos Humanos. Sin embargo, llega un momento en que nos damos cuenta de que no es así y despertamos a la cruda realidad, la que demuestra que debemos seguir trabajando dado que estas temáticas aun generan controversia en la población.

Últimamente hemos escuchado hablar acerca del deber de erradicar la ideología de género. Sobre ello debemos hacer algunas precisiones. La teoría de género no es una ideología. La perspectiva de género es un marco teórico y metodológico que nos ha permitido contar con un instrumental para analizar críticamente la realidad social de las formas de relación entre hombres y mujeres. También ha permitido evidenciar las formas de dominación, de poder que han ejercido los hombres sobre las mujeres en la sociedad patriarcal. Esto hace patentes las múltiples formas de violencia que la sociedad patriarcal ejerce sobre las mujeres: acoso sexual callejero, la violencia sexual, el hostigamiento sexual, violencia dentro de la familia y en la pareja, discriminación en el acceso al trabajo, entre otras.

No son sinónimos la perspectiva de género y la ideología, que es un concepto acuñado desde corrientes neoconservadoras, religiosas, que pretenden, haciendo uso de ese término, deslegitimar este marco teórico, que va más en la lógica de los Derechos Humanos. La teoría de género no es adoctrinadora, por ello no es una ideología. Se pretende hacer un análisis crítico que transforme la realidad construida desde la desigualdad y la violencia. La perspectiva de género no es una ideología, pues no pretende convencer a alguien de algo, lavar cerebros para que todos y todas piensen como yo quiero que piensen, sino que busca analizar una realidad: la desigualdad entre hombres y mujeres, entre otros muchos aspectos, pues está dirigida a los derechos de las minorías y poblaciones vulnerables.

Considero que la precisión es oportuna, porque pretender menoscabar el trabajo que se ha venido llevando a cabo para concienciar sobre la existencia de esta realidad, puede influir en la forma en que las mujeres, sobre todo aquellas en condiciones menos ventajosas, vengan a aceptar como naturales fenómenos como la violencia que su pareja ejerce sobre ella.

Toda forma de violencia es inaceptable. La mujer no debe sentirse menos por ser mujer, ni sentirse desprotegida por ser mujer, ni pensar en ningún momento que “es su cruz” y deben cargar con ella. Considero que esto es lo que este Poder Judicial ha venido trabajando desde la capacitación y desde la Secretaría Técnica de Género. Las víctimas de violencia doméstica necesitan, deben, ser empoderadas. El empoderamiento es lo único que hará que vean la realidad correctamente y no desde prismas sesgados. Que sepan que tienen derechos. Que pueden ejercer esos derechos. Y los ejerzan.

Entre ellos, el tema que hoy nos ocupa, denunciar cuando son víctimas de cualquier tipo de violencia, sea patrimonial, psicológica, física y que quienes operan el sistema validen y contribuyan al empoderamiento de estas víctimas.

Sirva la ocasión, también, para rescatar la necesidad de que retomemos con fuerza la sororidad, ese pacto social, ético y emocional construido entre mujeres, porque juntas somos más fuertes que por separado y el empoderamiento sólo es posible si creamos alianzas entre nosotras, tratándonos como hermanas y no como enemigas. Una unidad de un colectivo que permita un verdadero cambio social.

Como directora de la Escuela Judicial, como mujer, pero sobre todo como ciudadana, no puedo más que aplaudir estos esfuerzos institucionales y felicitar a quienes tienen la iniciativa de llevarlos adelante.

En este sentido, espero heredar a mi familia una sociedad más justa y equitativa, donde los Derechos Humanos comprendan a todos los seres humanos y sean realmente respetados, de manera que no queden únicamente plasmados en instrumentos internacionales, en letra muerta, sin la capital importancia que requieren, producto de una no aplicación.

Mas detalles sobre la campaña aquí.

Son momentos que pueden ser segundos u horas, realmente son instantes en donde la vida es un hilo muy fino amenazado por cualquier tipo de arma de mi agresor, quien me escucha, quien habla por mí antes de que el evento atroz sucumba.

Tengo una esperanza, una esperanza que sea el médico forense que hable por mí, que transmita en su pericia mi dolor, mi indefensión y sea juzgado en un tribunal.

Todos hablan de este tema, protocolos se han elaborado contra femicidio y violencia doméstica, promesas de políticos cada 4 años.

Un mal mundial de una sociedad con valores deteriorados.

Mujeres de mi país, profesionales o no, todas tenemos una responsabilidad de hogar, de hermanas, de esposas e hijas.

Nos corresponde a nosotras alzar la voz, marcar la diferencia, tomar posesión, un lugar, hacer una lucha y no descansar ni dar marcha atrás. Tenemos la responsabilidad de reclamar y exigir que todos los flagelos que atañen a la sociedad se ataquen con valentía y sin discursos retóricos.

A ustedes mujeres, valientes guerreras hago y extiendo mi sentimiento en el Día Internacional de la Mujer tomándolo como una fecha determinada para una celebración, pero que todas sabemos de qué estamos hechas y que los 365 días la mujer tiene su lugar como parte importante de la vida en sociedad y del desarrollo del país.